AFONCALBA, CONTRARIA AL NUEVO IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

AFONCALBA, la Asociación de Fontaneros, Calefactores y Afines de Albacete, integrada en FEDA, y que preside Juan Manuel García García, se une a la Federación Regional de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fluidos de Castilla-La Mancha (FRICAM), y al resto de asociaciones del sector en España que se muestran contrarias al anteproyecto de ley del impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero.

La Asociación apunta que este borrador que prepara el Gobierno gravaría la fabricación e instalación en España de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, aplicando un nuevo impuesto a los refrigerantes utilizados en ellos. Con el pretexto de simplificar la recaudación del impuesto -en vigor desde 2014-, el Gobierno extendería el gravamen a la fabricación o importación de equipos precargados y a la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.

En España, esta medida vendría a encarecer en torno a un 5% las nuevas instalaciones de refrigeración, no sólo las de uso doméstico y comercial, sino también las utilizadas por hostelería, alimentación, logística, transporte, automoción, entre otras.

Las empresas del sector han unido sus voces para protestar por lo que consideran “un atropello fiscal injustificado,” ya que no está alineado con las políticas de la Unión Europea, donde se convertiría en uno de los pocos países con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en este tipo de sistemas.

Además, de aprobarse la redacción del anteproyecto, España sería el primer país de la UE en penalizar el consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes, desviándose del principio europeo de “quien contamina, paga”, incluso aunque sean energéticamente. Otros países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando sólo las emisiones reales.

El nuevo gravamen entraría en vigor el próximo julio, con apenas unos meses de antelación, de modo que instaladores y fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrían tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias. Por otra parte, repercutiría negativamente en la economía y en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando el fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos.