11, noviembre, 2020.- La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y senadora autonómica, Carolina Agudo, ha valorado hoy las 67 enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la ‘Ley Antiokupación’ registrada por el PSOE en el parlamento regional, con el ánimo de mejorarla, recogiendo para ello las propuestas plasmadas en la Ley presentada por el PP al respecto, con el objetivo de que puedan integrarse.

Así lo ha manifestado en su visita a Layos (Toledo), junto al alcalde de la localidad, Rafael García-Patos. Donde ha recordado que el PP y su presidente regional, Paco Núñez, “han liderado, desde el primer momento, la lucha contra este fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha”, como también ha hecho el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en el Congreso de los Diputados.

La secretaria regional de los populares ha destacado el éxito de la campaña de recogida de firmas en apoyo a estas propuestas del PP para luchar contra el gran problema de la ocupación ilegal de viviendas, que sufre Castilla-La Mancha y que es especialmente preocupante en comarcas de la provincia de Toledo como son las de La Sagra y Torrijos.

En este sentido, ha apuntado algunas de las medidas que propone en PP en sus enmiendas, como el desalojo express de los ‘okupas’ en 12 horas, es decir, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda ocupada ilegalmente en un plazo máximo de 12 horas; así como que se establezcan penas de prisión de uno a tres años, reforzando el delito de usurpación de viviendas.

Además, el PP apuesta por que las personas jurídicas puedan iniciar procedimientos de desalojo, ampliando para ello la reforma de los procesos civiles, para que la personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer el mismo derecho con la misma agilidad que las personas físicas y, por lo tanto, recuperar la posesión de sus viviendas ocupadas ilegalmente.

Del mismo modo, el PP pide la prohibición del empadronamiento de aquellas personas que ocupen ilegalmente una vivienda. Es decir, que los ‘okupas’ no puedan empadronarse en ninguno de los municipios de nuestra región, considerándose nula de pleno derecho la inscripción en el padrón municipal cuando la persona esté ocupando una vivienda ilegalmente, para que el empadronamiento en una vivienda ocupada pueda anularse de oficio o a instancia del propietario legítimo.