3, agosto, 2020.- El diputado regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Emilio Bravo, ha pedido que el nuevo Proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de CLM no suponga una nueva carga para los Ayuntamientos, que según la propuesta del PSOE asumirían la responsabilidad y gastos de la recogida y eliminación de animales muertos, así como de la captura y acogida de los abandonados o perdidos, mientras la Junta se lava las manos.
En el Pleno de las Cortes regionales, Bravo ha detallado estas enmiendas del PP, muchas de ellas sobre esa carga económica y de competencias “que ustedes quieren endosar a los ayuntamientos”, que no tienen los medios necesarios y que ya asumen “muchísimas competencias que no son suyas, para estar al lado de sus vecinos, mucho más en estos tiempos en los que Page no ha estado a la altura, dejando solos a los alcaldes y concejales”, cuyo trabajo además ha menospreciado.
En este sentido, el parlamentario popular se ha preguntado qué piensan los alcaldes y concejales del PSOE de lo que quiere hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha y si han pensado de dónde saldrá ese dinero. “Se tendrá que quitar de otras partidas presupuestarias necesarias para el buen funcionamiento y bienestar de los vecinos, para asumir servicios que ustedes no quieren dar”, ha denunciado.
Por ello, el PP ha propuesto que sea la consejería la que asuma sus competencias, porque los ayuntamientos “no podemos seguir tapando sus vergüenzas por su incapacidad”. Asimismo, ha planteado que también las diputaciones hagan convenios con los ayuntamientos, para poder asumir los costes, que vengan reglados por la propia administración regional, sin diferenciar el color político de cada ayuntamiento.
Enmiendas avaladas por profesionales
Por otro lado, el Grupo Popular ha presentado varias enmiendas basadas en lo que les han trasladado desde el Colegio de Veterinarios, Federación de Caza de Castilla-La Mancha y otras asociaciones de la región. “Enmiendas avaladas por profesionales que pueden aportar mucho para el bienestar, protección y defensa de los animales y que van desde quién debe hacerse cargo de la gestión de los cadáveres de los animales, instalaciones adecuadas de centros veterinarios, la prescripción y supervisión de un veterinario en métodos de captura, o el control de las colonias felinas”, ha explicado.
“Pero ustedes que tanto hablan de consenso y de pactos han demostrado que lo que realmente les interesa son sus políticas, al no tener en cuenta las aportaciones de los colegios, federaciones y asociaciones profesionales de defensa de los animales”, ha lamentado Bravo, quien ha pedido el apoyo a unas enmiendas que “vienen de la sociedad castellano manchega y de los ayuntamientos, dirigidas principalmente al bienestar protección y defensa de los animales de Castilla-La Mancha y también a la mejor convivencia con los vecinos de nuestros municipios”.
Así, ha destacado que el PP de Castilla-La Mancha, que preside Paco Núñez, es un partido dialogante y lo ha demostrado una vez más en la tramitación de este Proyecto de Ley, llegando a acuerdos respecto a varias enmiendas de los diferentes grupos políticos porque, “siempre que sea en beneficio de los castellano manchegos, estamos dispuestos a poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a acuerdos”.
El Proyecto de Ley necesitaría un nuevo dictamen del Consejo Consultivo
Asimismo, ha destacado que, en opinión del Grupo Popular, “este Proyecto de Ley se debía haber dejado sobre la mesa hasta tener un nuevo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha”, al haber en el mismo un voto particular en contra argumentado que la limitación a los particulares para vender animales supondría una vulneración Código Civil y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.
El diputado regional del PP ha recordado que además el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo de prohibición de venta entre particulares en la Ley de Protección Animal de La Rioja, lo que hace aún más necesario un nuevo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que tenga en cuenta lo declarado por el Tribunal Constitucional.