Plena inclusión España y Plena inclusión Castilla-La Mancha han celebrado este miércoles una jornada de trabajo en el Salón de Actos de la Biblioteca regional, en Toledo, bajo el título ‘Sostenibilidad y transferencia. Proyecto Mi Casa: Una vida en comunidad’.
La sesión ha contado con la participación de una veintena de personas, entre las que se encontraban figuras destacadas de la entidad como el director de Plena inclusión España, Enrique Galván, y la responsable del proyecto Mi Casa, Sofía Reyes.
También han estado presentes representantes de Plena inclusión Castilla-La Mancha, como el director-gerente Daniel Collado, el director técnico Iván Herrán, la directora económica Esther Sánchez y la responsable del proyecto Sandra Tello.
Además, la jornada ha contado con la presencia de representantes de entidades participantes en el proyecto en Castilla-La Mancha, como Afas, Asprona o Amafi, así como la Coordinadora provincial de recursos de Dependencia en Albacete, Ana Ramírez, en representación de la administración regional o el diputado provincial y alcalde de Yepes, Tomás Manuel Arribas.
Definir la hoja de ruta
José Manuel Fresno, director de la consultora de ámbito social ‘Fresno’ que presta asistencia técnica al proyecto ha iniciado la jornada con una charla contextual, subrayando que este proyecto está centrado en la defensa de los derechos individuales y constituye una respuesta en sí misma para ello con lo que representa ir “con una mochila de legitimidad muy fuerte”.
También ha destacado la importancia de construir consenso social y político para consolidar el proyecto y se ha planteado para ello la necesidad de abordar acciones concretas este año, buscando aliados, mecanismos de financiación y promoviendo un cambio cultural, principalmente mediante el diálogo y el consenso.
La jornada, celebrada durante toda la mañana, ha incluido tres mesas de trabajo enfocadas en definir la hoja de ruta que impulse cambios deseados y permita trazar el camino a seguir en los próximos meses. Los ejes temáticos de estas mesas han sido la sostenibilidad de las plazas actuales, la normativa que regula las condiciones mínimas exigibles a los centros y servicios, y la flexibilización de la financiación.
La jornada ha concluido con la promesa de seguir impulsando un cambio significativo y sostenible en la forma en que se aborda la vida en comunidad para las personas involucradas en el proyecto en el que participan siete federaciones y 32 entidades locales cuyas comunidades cuentan con 66 viviendas y un total de 759 personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral como beneficiarios.
