03. agosto. 2020. La diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha apelado a la responsabilidad de los diputados de PSOE y Ciudadanos para combatir el “alarmante y creciente” problema de la ‘okupación’ ilegal de viviendas, con el objetivo de luchar contra las mafias y la delincuencia asociadas y garantizar “la propiedad privada, la convivencia y la seguridad” en los diferentes municipios.

Así lo ha indicado Guerrero durante su intervención en el pleno del Parlamento autonómico, donde ha asegurado que estos son los motivos principales que impulsan la Proposición de Ley Orgánica que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales pide instar al Gobierno central, en coordinación con todas las administraciones, dar una solución para atajar “cuanto antes” los problemas de la ‘okupación’ a los que se enfrentan muchos castellano-manchegos. Por lo que, a su juicio, “no es defendible políticamente” ninguna “opción, opinión o medida” que “aliente, tolere o impulse” la ‘okupación’ ilegal de inmuebles.

La diputada ‘popular’ ha recordado que en el último semestre de 2020, la ‘okupación’ ha subido un 5 por ciento con respecto al mismo semestre de 2019, “o lo que es lo mismo, 41 ocupaciones por día”. A nivel regional, Guerrero ha indicado que, según la Delegación del Gobierno, “no tienen el dato al no constar registros de viviendas ocupadas en la región”.

En este sentido, ha aseverado que “basta” con hablar con alcaldes y concejales de los distintos municipios para comprobar que la ‘okupación’ ilegal se ha convertido “en un problema para Castilla-La Mancha”. Especialmente afectada está la comarca de La Sagra, donde municipios como Yeles, Illescas, Yuncler, Alameda de la Sagra, Lominchar o Chozas de Canales “sufren una situación insostenible”, así como municipios de la comarca de Torrijos y de la comarca de Ocaña.

Así, alcaldes y concejales de todos los signos políticos se enfrentan y sufren los problemas que trae consigo la ‘okupación’ como son amenazas, destrozos, peleas, incendios o robos.

Guerrero ha lamentado que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Toledo es una de las provincias más afectadas por este problema, teniendo en cuenta la proporción de situaciones de ‘okupación’ judicializadas por el número de viviendas, por lo que “no caben medias tintas ni tibieza” a la hora de posicionarse “ante este grave problema”.

La diputada del PP-CLM ha incidido en que el colapso en el que se encuentran los juzgados en España hace que la recuperación de una vivienda no se resuelva antes de los 3 o 5 meses “en el mejor de los casos”, pero incluso “puede llegar a durar años”, mientras el propietario “tiene que seguir haciéndose cargo de los gastos del inmueble”.

Guerrero ha destacado que la Proposición de Ley del PP define “por primera vez y de forma clara” la ‘okupación’ ilegal e impide que los ‘okupas’ se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa “legalmente y de buena fe” para cometer este “atentado contra la propiedad privada”.

Por ello, el PP propone que se permita que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo en un plazo de 12 horas.

Igualmente, la nueva ley reforzaría las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de una multa o privación de libertad de 1 a 3 años y contempla la figura de las ‘mafias de la okupación’. También, pretende agilizar el proceso penal, para juzgar este tipo de delincuencia, y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.

Guerrero ha destacado que esta propuesta también amplía la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018 para el ejercicio de recuperación de la posesión de los inmuebles. Asimismo se refuerza el papel de las comunidades de vecinos, dotándolas de mayor capacidad de actuación frente a las ‘okupaciones’ y modifica la Ley de Bases de Régimen Local para determinar la nulidad de la inscripción en el padrón municipal cuando esta se produzca como consecuencia de una ‘okupación’ ilegal.

En definitiva, ha asegurado Guerrero, el GPP propone promover cuantas medidas resulten oportunas y necesarias ante el Gobierno de España para que éste impulse a su vez las reformas legislativas necesarias en orden a combatir la ‘okupación’ ilegal de viviendas.

Así como para llevar a cabo cuantas medidas sean necesarias para coordinar, con los distintos poderes del Estado, medidas transitorias que, de modo urgente, permitan que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puedan actuar de forma inmediata y sin la necesidad de solicitar medidas judiciales previas cuando la ‘okupación’ revista características de delito.

Por último, Guerrero ha solicitado el incremento de las plantillas de la Policía Local, en colaboración con las administraciones locales, la FEMP-CLM y los sindicatos, así como impulsar las asociaciones de municipios.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL DEBATE GENERAL
10/DG-00083

        Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a:

Primero. –  Promover cuantas medidas resulten oportunas ante el Gobierno de España para que éste a su vez, impulse las reformas legislativas necesarias en orden a combatir la ocupación ilegal de viviendas.

Segundo. – Llevar a cabo cuantas medidas sean necesarias para coordinar con los distintos poderes del estado, medidas transitorias que, de modo urgente, permitan a los cuerpos y fuerzas de seguridad actuar de forma inmediata y sin necesidad de solicitar medidas judiciales previas, cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito, para así poder desalojar a sus ocupantes, y proceder, en su caso, a su detención.

Tercero. – Dentro de las competencias de Coordinación de las Policías Locales, recogido en el art. 31.1 apartado 32 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, y la Ley de Coordinación 8/2002 de 23 de mayo, IMPULSAR en cola-boración con las Administraciones Locales, la FEMP, y la representación sindical, cuantas medidas resulten pertinentes para completar e incrementar las plantillas de Policía Local, así como impulsar Asociaciones de Municipios con la fina-lidad de prestar servicios de Policía Local, en las condiciones determinadas en la Orden INT/2944/2010, de 10 de noviembre, posibilitando que municipios que no dispongan separadamente de recursos suficientes puedan asociarse para la eje-cución de las funciones asignadas a las Policías Locales, todo ello acompaña-do de las correspondientes acciones formativas e informativas.

Cuarto. –  Instar al Gobierno de España para que realice las modificaciones ne-cesarias en la Ley de Bases de Régimen Local, para determinar la nulidad de la inscripción en el padrón municipal, cuando ésta se produzca como consecuencia de una ocupación ilegal.